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Baleares pone en marcha un ‘Decreto de alimentación saludable’ para reducir el sobrepeso

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Coincidiendo con el Día Mundial de la Nutrición, las consejerías de Salud y de Educación y Universidad del Govern de las Islas Baleares (GOIB) presentaron el pasado 28 de mayo los resultados del ‘II Estudio sobre la prevalencia de la obesidad en las Islas Baleares (EPOIB II)’, que la Consejería de Salud, en colaboración con la Consejería de Educación, hizo a lo largo de 2016-2017 entre la población escolarizada y que ha permitido recoger numerosos datos sobre hábitos alimentarios, actividad física y uso de tecnologías, los cuales deben servir para continuar diseñando políticas preventivas como las que desarrolla la Dirección general de Salud Pública.

Entre los resultados que se desprenden del estudio toman relevancia los siguientes, según publica el GOIB en su página web: Uno de cada cuatro alumnos del archipiélago presenta exceso de peso, más de la mitad dedica menos de diez minutos a merendar, el 55 % va al centro escolar en coche o en buzo y, en general, los estudiantes dedican alrededor de dos horas diarias a mirar la televisión o a los videojuegos. Además, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los estudiantes es más elevada en los casos en que la madre y el padre son obesos o tienen un bajo nivel de estudios, puesto que en estos casos el patrón de dieta mediterránea es peor.

Frente a estos datos, la consejera de Salud, Patricia Gómez, destacó durante la rueda de prensa el ‘Programa de Centros Educativos Promotores de la Salud’ o el ‘Decreto de alimentación saludable’, que está en fase de tramitación y que regulará, entre otras cosas, la venta de bebidas azucaradas y pastelería industrial en las escuelas y en los centros sanitarios.

Por otro lado, participaron también en el acto de presentación Maria Ramos, directora general de Salud Pública y Martí March, consejero de Educación y Universidad, quien manifestó que para desarrollar programas eficaces que permitan mejorar la salud de los estudiantes es imprescindible disponer de información clara, como la que proporciona este estudio. “Las administraciones tienen que hacer trabajo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues en todos los países desarrollados cada vez hay una preocupación más grande por la obesidad”. En este sentido, ha remarcado que, con este estudio y con las medidas que se podrán derivar, el objetivo es “que los estudiantes tengan los hábitos saludables adecuados y, para lo cual, las escuelas son clave”.

En cuanto al ‘Decreto de alimentación saludable’, este empezó a tramitarse el pasado mes de marzo y se prevé que entre en vigor a partir del próximo curso escolar, una vez superados todos los procesos administrativos pendientes. Con el objetivo de reducir los niveles de sobrepeso y obesidad entre el alumnado de las islas, esta iniciativa prohibirá que en todos los centros educativos de esta comunidad, tanto públicos como privados o concertados, se vendan bebidas gaseosas azucaradas y bollería industrial.

Asimismo, el nuevo texto legal, que responderá al nombre de ‘Promoción de la alimentación saludable y de la dieta mediterránea’, establecerá restricciones en la venta de estos alimentos ricos en azúcares y poco saludables en la Universidad de les Illes Balears (UIB), en las máquinas de vending de los centros de salud y en las de los edificios públicos dependientes de la Consejería de Salud, precisó la directora general de Salud Pública y publicó el Diario de Mallorca el pasado martes. “Como estos últimos lugares son frecuentados por personas adultas no podemos imponer una prohibición total en la expedición de estas bebidas y alimentos ricos en azúcares“, diferenció Ramos la situación respecto a los colegios que acogen a estudiantes menores de edad.

La idea es que tanto las cantinas de la UIB como las máquinas expendedoras de comida y bebidas de los centros de salud y dependencias administrativas de la Consejería no puedan dispensar más de un 30% de estos productos considerados poco saludables. Así, el futuro decreto de alimentación saludable establecerá que al menos un 70% de los alimentos y bebidas que se ofrezcan en estas dependencias lo sean.

 

 

 

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